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El Concejo Deliberante de Catriel tuvo una sesión cargada de temas con impacto directo para la ciudad. Entre los principales puntos tratados estuvieron pedidos de informes sobre el Bono VMOS, las regalías del proyecto Calcatreu, fondos vinculados al Plan Director de Agua Potable, una ordenanza sobre grandes generadores de residuos y distintos reconocimientos a iniciativas deportivas, sociales, culturales y comunitarias.

La información fue confirmada por el Concejo Deliberante. Desde el bloque del Frente de Acción Vecinal, Carolina Piris destacó que los dictámenes tratados fueron elaborados con el objetivo de defender los intereses de la ciudad y promover una gestión más transparente.

Uno de los puntos centrales fue el pedido de información sobre los fondos del Bono VMOS y la necesidad de que Catriel sea incluida en la planificación de obras financiadas con recursos vinculados a una actividad que atraviesa el territorio local.

El tema tiene peso político y económico para la ciudad. El planteo busca saber qué lugar ocupará Catriel en la distribución y ejecución de obras asociadas a esos fondos, en un contexto donde la localidad reclama históricamente mayor reconocimiento por su rol territorial dentro de la actividad hidrocarburífera y energética.

Otro pedido de informes estuvo relacionado con las regalías que generará el proyecto minero Calcatreu. Desde el bloque impulsor sostuvieron que, si Catriel aportó durante décadas al desarrollo provincial a través de sus regalías hidrocarburíferas, también corresponde discutir cómo participará en la distribución de nuevos recursos provinciales.

Durante la sesión también se pidió información sobre más de $1.000 millones vinculados a la paralización del Plan Director de Agua Potable. El reclamo apunta a conocer qué ocurrió con fondos destinados a una obra clave para la ciudad y a sostener que esos recursos deben volver a invertirse en Catriel.

El acceso al agua aparece así como uno de los ejes más sensibles de la agenda pública local. No se trata solo de una discusión administrativa: involucra una obra estructural, recursos millonarios y una demanda básica para la vida cotidiana de los vecinos.

Otro de los proyectos tratados fue una ordenanza para establecer mayores contribuciones a grandes generadores de residuos y actividades de alto impacto ambiental. La iniciativa apunta a proteger los recursos municipales, ordenar responsabilidades y avanzar hacia una ciudad más sustentable.

En paralelo, el Concejo acompañó distintas declaraciones de interés vinculadas a actividades deportivas, sociales, culturales y comunitarias de Catriel. Entre ellas, se incluyeron iniciativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo Municipal y propuestas vinculadas al medio audiovisual NOTICATRIEL, orientadas a reconocer experiencias que aportan a la identidad, la participación y el desarrollo local.

Pero uno de los puntos políticos más relevantes de la sesión fue la devolución a comisión de los dos proyectos vinculados a la regulación de las Juntas Vecinales. Esa decisión se tomó por unanimidad, con el objetivo de seguir trabajando una propuesta que reúna mayores consensos y garantice una participación vecinal más amplia.

La devolución a comisión se produjo luego de que el tema generara preocupación en sectores barriales. En la previa, el Consejo Vecinal había definido que los proyectos sobre el funcionamiento de las juntas debían volver a comisión para ser trabajados con los barrios antes de avanzar. Esa postura quedó expresada en el mandato que debía llevar la Banca del Pueblo al recinto.

La decisión del Concejo, en ese punto, dejó una señal institucional clara: cualquier modificación sobre las reglas de funcionamiento de las Juntas Vecinales deberá abrir una instancia de diálogo con los propios barrios.

La sesión dejó varios frentes abiertos. Por un lado, pedidos de información sobre fondos, regalías y obras clave. Por otro, una discusión ambiental vinculada a residuos y actividades de mayor impacto. Y, al mismo tiempo, un debate político sobre participación barrial y el rol de las Juntas Vecinales dentro de la vida institucional de Catriel.

En términos concretos, el Concejo avanzó con iniciativas que buscan respuestas del Ejecutivo y acompañó proyectos de reconocimiento comunitario. Pero el dato más fuerte fue que la reforma de las juntas vecinales no avanzó como estaba planteada y deberá volver a discutirse en comisión.

Ahora, el seguimiento estará puesto en dos cuestiones: qué respuestas llegan sobre los fondos y obras reclamadas, y cómo se abrirá el debate con los barrios para cualquier cambio en la normativa vecinal.

La discusión por el funcionamiento de las Juntas Vecinales de Catriel tuvo un capítulo clave esta semana. Un dictamen que proponía modificar la normativa barrial generó rechazo en sectores vecinales, fue discutido por el Consejo Vecinal y terminó con una decisión concreta: que el proyecto vuelva a comisión y sea trabajado con los barrios antes de avanzar.

El tema no es menor. Las Juntas Vecinales son las organizaciones que representan a cada barrio, canalizan reclamos, administran fondos, impulsan mejoras, sostienen centros comunitarios y participan en la vida institucional de la ciudad. Además, a través del Consejo Vecinal, definen el mandato de la Banca del Pueblo, que tiene voz y voto en el Concejo Deliberante como un concejal más.

La polémica comenzó antes de la sesión del Concejo. La Junta Vecinal de barrio YPF difundió un comunicado en el que expresó su “total desacuerdo y repudio” al tratamiento del Dictamen 001/26 de la Comisión de Asuntos Vecinales, al considerar que no había sido trabajado junto a las juntas vecinales de Catriel.

Desde esa junta plantearon que cualquier modificación sobre el funcionamiento barrial debe ser discutida con quienes representan a los barrios. “La participación vecinal no puede ser eliminada ni subestimada”, señalaron en el comunicado, donde también solicitaron que el dictamen vuelva a comisión y se incorporen las propuestas de todas las juntas.

Según la documentación vinculada al tratamiento legislativo, el dictamen proponía una nueva ordenanza para regular el funcionamiento de las Juntas Vecinales y derogar la Ordenanza Municipal 113/19, que actualmente establece el marco de funcionamiento de las juntas, el Consejo Vecinal, la Banca del Pueblo, el sistema de elecciones, la administración de fondos, las rendiciones y las formas de intervención.

Ese punto fue el que encendió la alarma entre referentes barriales. No se trataba de una modificación menor, sino de un cambio de fondo sobre las reglas que ordenan la representación vecinal en Catriel.

Desde la Junta Vecinal de barrio YPF indicaron a VientoSur que, luego de la publicación del comunicado inicial, hubo una comunicación desde el ámbito del Concejo Deliberante para informar que el dictamen sería devuelto a comisión. También señalaron que en esa conversación se les pidió retirar la publicación de redes sociales, algo que la junta decidió no hacer.

Desde el ámbito del oficialismo en el Concejo explicaron que enviaron el dictamen por error a los presidentes de Juntas Vecinales junto con los dictámenes que si se habían trabajado para ser tratados en sesión.

En lugar de borrar el comunicado original, la Junta Vecinal de barrio YPF difundió después una aclaración pública. Allí informó que la Comisión de Asuntos Vecinales, junto al autor del dictamen, había decidido retirar el proyecto para garantizar un enfoque más democrático e incorporar la participación activa de todas las juntas vecinales.

La actualización bajó el tono del conflicto, pero dejó expuesto el punto central del reclamo: los barrios quieren ser escuchados antes de que se modifiquen las normas que regulan su propio funcionamiento.

El jueves 28 de mayo, el tema llegó al Consejo Vecinal. Allí, presidentes y representantes barriales analizaron el orden del día de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante y definieron el mandato que debía llevar la Banca del Pueblo.

En ese encuentro, el punto vinculado a la reforma de las Juntas Vecinales fue uno de los más sensibles. Según quedó asentado en el acta, se planteó que los dictámenes sobre el funcionamiento de las juntas debían volver a comisión para ser trabajados con los barrios.

La votación fue contundente: 9 votos positivos para que el tema vuelva a comisión, ningún voto negativo y una abstención. En la práctica, el Consejo Vecinal dejó una señal clara: una reforma barrial no puede avanzar sin la participación directa de las juntas.

Durante la reunión también aparecieron cuestionamientos por la falta de tiempo para analizar los proyectos. Algunos representantes dejaron asentado que la documentación llegó con poco margen, lo que dificulta leer, consultar en cada barrio y votar con información suficiente.

Ese reclamo, recurrente en sesiones del Consejo Vecinal, explica varias abstenciones en otros puntos del orden del día. No siempre se trató de oposición al contenido de los proyectos, sino de una advertencia institucional: los barrios necesitan tiempo, información y participación real para definir posiciones.

La discusión deja una pregunta de fondo para la política local: quién decide cómo deben funcionar las juntas vecinales. Para los barrios, la respuesta fue clara: cualquier cambio debe ser construido con ellos, no solo desde los bloques del Concejo Deliberante.

Ahora, el debate deberá continuar en comisión. El desafío será transformar el conflicto en una instancia de trabajo real, donde las juntas puedan presentar propuestas, revisar los cambios y defender el rol que cumplen en cada barrio de Catriel.

Por ahora, el mensaje político fue directo: el reclamo vecinal tuvo impacto, el dictamen no avanzó como estaba planteado y las juntas pidieron ser parte de la discusión antes de que se cambien las reglas de la representación barrial.

Un nuevo cruce en redes sociales volvió a poner en el centro de la escena a Franco Rivero, integrante del Tribunal de Cuentas de Catriel. Esta vez, el episodio comenzó luego de que una cuenta anónima publicara un video en el que se observa a una persona golpeando una puerta, dando a entender que no había atención en el organismo durante la mañana del viernes.

Rivero respondió desde su perfil personal con una serie de comentarios cargados de insultos, descalificaciones personales y acusaciones. Más allá del origen anónimo de la publicación y de si el reclamo por la atención del Tribunal era correcto o no, el tono utilizado por un funcionario público abrió una discusión más profunda: cuál es el límite entre responder una crítica y degradar la función institucional que se representa.

En los comentarios atribuidos a Rivero aparecen expresiones como “inútil”, “mugrienta”, “coimera”, “garca” y otras descalificaciones personales. También utilizó una frase de fuerte carga discriminatoria, que este medio decide no reproducir en el título ni amplificar innecesariamente, pero que forma parte del contenido que generó cuestionamientos.

El integrante del Tribunal también respondió que los viernes el organismo realiza asesorías. Esa explicación podría haber sido suficiente para aclarar el funcionamiento institucional. Sin embargo, el resto de los mensajes derivó en un intercambio agresivo que terminó desplazando el eje del debate.

El problema no es que un funcionario responda una crítica. Puede hacerlo. Incluso tiene derecho a defenderse si considera que una publicación es falsa o malintencionada. El problema aparece cuando esa respuesta se construye desde el insulto, la descalificación personal y expresiones incompatibles con la responsabilidad pública que exige integrar un órgano de control.

El Tribunal de Cuentas no es una oficina cualquiera dentro del Estado municipal. Es el organismo encargado de controlar el uso de los fondos públicos, revisar actos administrativos y advertir posibles irregularidades. Por eso, quienes lo integran tienen una responsabilidad institucional mayor: no solo deben controlar, también deben cuidar la forma en que intervienen en la discusión pública.

El episodio ocurre, además, en un momento de alta tensión política e institucional. Durante los últimos días, el Tribunal de Cuentas quedó en el centro de la agenda local por la denuncia penal vinculada a presuntas irregularidades en contrataciones entre el Municipio y la firma Atlas. En ese marco, sus integrantes reclamaron transparencia y defendieron el rol del organismo de control.

Justamente por eso, la conducta pública de sus miembros también queda bajo observación. Si el Tribunal exige responsabilidad institucional al Ejecutivo, sus propios integrantes también deben sostener un estándar mínimo de respeto, prudencia y seriedad.

No es la primera vez que Franco Rivero queda envuelto en cruces públicos de alto voltaje. VientoSur ya había registrado antecedentes de discusiones en redes con dirigentes y funcionarios locales, incluyendo un enfrentamiento con el concejal Gonzalo Gerez y publicaciones con descalificaciones hacia la intendenta Daniela Salzotto y el secretario de Gobierno Diego Pereyra.

También hubo antecedentes vinculados a cuestionamientos públicos sobre su conducta personal. En 2025, Rivero quedó en el centro de una denuncia contravencional por presunto acoso, episodio por el cual solicitó una licencia. En aquel momento, VientoSur informó que no constaban denuncias penales ni administrativas ante los organismos municipales, pero sí una presentación contravencional en sede policial.

El nuevo cruce en redes suma otro elemento a una discusión que ya no puede reducirse a una pelea digital. En Catriel, las cuentas anónimas se volvieron parte del escenario político: opinan, acusan, defienden, atacan y marcan agenda en temas sensibles. Pero el anonimato de una cuenta no habilita a un funcionario público a responder de cualquier manera.

En paralelo, el episodio también genera incomodidad política para Primero Río Negro. Rivero forma parte de un espacio que a nivel provincial conduce Ariel Rivero y que en Catriel tiene como principal referencia institucional a la concejala Elizabeth Cofré.

Cofré viene sosteniendo un perfil legislativo activo, con presencia en el Concejo y participación en distintos debates de la agenda local. Ariel Rivero, por su parte, busca ordenar y fortalecer el armado provincial de Primero Río Negro. En ese contexto, las intervenciones públicas de Franco Rivero terminan asociando al espacio con agravios personales, insultos y una forma de discusión que baja la vara del debate público.

También afecta, de forma indirecta, al Tribunal de Cuentas ya que la situación corre el foco de la denuncia penal que presentaron y lo pone sobre la conducta de uno de sus propios integrantes.

La pregunta de fondo no es si Rivero puede tener posición política. Puede tenerla. Tampoco si puede responder críticas. Puede hacerlo. La pregunta es si una persona que integra el Tribunal de Cuentas puede intervenir públicamente con insultos, acusaciones personales y expresiones violentas sin afectar la credibilidad institucional del organismo que representa.

Catriel atraviesa un momento donde se discuten temas sensibles: fondos públicos, contrataciones municipales, control institucional, denuncias penales, funcionamiento del Tribunal de Cuentas y responsabilidades políticas. En ese escenario, la ciudadanía necesita más claridad, más documentación y más explicaciones. No más agresiones.

Un funcionario público no deja de ser funcionario cuando escribe en redes sociales. Y cuando quien insulta integra un organismo encargado de controlar al Estado, el problema deja de ser personal y pasa a ser institucional.

La discusión pública puede ser dura, crítica y frontal. Pero no debería normalizar que quienes ocupan cargos públicos respondan con agravios, amenazas veladas o expresiones discriminatorias. Menos todavía cuando representan a un órgano que tiene la tarea de exigir transparencia, responsabilidad y cumplimiento de la ley.